Minería, propiedad privada y anarquía

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Por Jorge David Chapas | Marzo 26, 2013


La extracción de minerales se ha convertido en la última década en la principal causa de confrontación y zozobra en Guatemala y, posiblemente en el resto de América Latina—con excepción de Chile. Desde campesinos, empresarios y burócratas, hasta sacerdotes y activistas desfilan diariamente como protagonistas de ese encarnado conflicto. Aunado a ello, surge en el ámbito político un apasionado debate al que subyacen posturas tan irrenconciliables como erradas.

Siempre he creído que identificar correctamente el problema es ya haber dado un paso decisivo para su solución. Y es que me parece que todo aquel conflicto podría evitarse con tan solo reconocer el enorme potencial de los derechos de propiedad del subsuelo. Pues nadie que no sea legítimo propietario de algo podría hacer uso, agregar valor, conservar, asumir riesgos o disponer la creatividad y la imaginación a crear riqueza a partir de lo suyo. Si se asume que verdaderamente existe un potencial productivo en el subsuelo es imperativo entonces otorgarle certeza jurídica.

Pero actualmente en Guatemala ‘todos’ somos dueños del subsuelo. Es el gobierno por tanto quien decide, de manera arbitraria y discrecional, quién, cómo, cuánto, dónde y cuándo explorar o explotar los recursos mineros del país. Así, surgen entonces innumerables participantes en decisiones que debiesen ser individuales. Así, surgen entonces innumerables leyes, instituciones y costes asociados que solamente generan incentivos perversos y entorpecen la creación de riqueza.

Contar con los incentivos adecuados es imperativo para desarrollar cualquier actividad, para obtener de esta el más alto rédito posible o para conservar—si fuese el caso, los recursos naturales de un país. En este sentido, Chile es quizás, el mejor referente regional; aunque obviamente en un contexto diferente, este país sudamericano, rico en minerales y por tanto, con serios conflictos en torno a la actividad en la década de los 70’s, tomó decisiones importantes para que el país llegara a ser uno de los más competitivos del mundo en esta actividad sin menoscabo de la riqueza natural y la gobernabilidad social y política del país.

La Ley Constitucional Minera de 1981 dio vida a la llamada “concesión plena” y ella: a) está protegida por el derecho de propiedad, pues permite que el titular pueda libremente usar, gozar y disponer de la concesión a su entera voluntad, vale decir, vender, hipotecar, dar en garantía, transmitir hereditariamente, etc. b) la eventual expropiación solo puede hacerse con una justa indenmización, es decir comprende el valor de la totalidad del daño patrimonial efectivamente causado, el cual equivale al Valor Presente de los flujos futuros de caja que ella puede generar; c) permite la operación racional de una mina, es decir, el concesionario es libre de realizar la explotación de la mina conforme a sus propias tecnologías, ritmos, procesos, y planes de producción, no estando sujeta entonces a controles ni a obligaciones impuestas por el gobierno de turno, los que se prestan a erróneas imposiciones o a tentadoras oportunidades para la corrupción; d) es un derecho de duración indefinida, evitando así la politazación de la renovación de plazo y e) no depende del poder político, es decir, no está sujeta al poder legislativo o ejecutivo del Estado sino solamente al Poder Judicial. Los resultados de aquella nueva legislación son elocuentes y nadie, a pesar de tener sus inevitables detractores, ha querido cambiar ‘una coma’ desde entonces.

Para Guatemala obviamente cabe resaltar un contexto diferente pero no tanto como para considerar similares reformas. Estas por cierto debiesen estar muy lejos, por ejemplo, de aquellas que consideren una participación del Estado en la rentabilidad de las empresas.

Me permito citar finalmente a uno de los más distinguidos firmantes de la Declaración de los Estados Unidos: "Desde el momento en que se acepta en una sociedad de que la propiedad privada no es sagrada como las leyes de Dios, y que no hay un imperativo legal ni de justicia pública de protegerla, comienza la anarquía y la tiranía”.

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Jorge David Chapas es Director Ejecutivo de la Red de Amigos de la Naturaleza (Rana), Ingeniero agrónomo, maestro en economía ambiental y recursos naturales, investigador asociado del Centro de Estudios Económico-Sociales CEES y ex-alumno del PERC Enviropreneur Institute.