Más bosques, más vida…sí, pero sin privilegios!

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Por Jorge David Chapas | Marzo 2014


En los días recientes Otto Pérez Molina presentó a su homólogo del organismo legislativo el proyecto de ley ProBosque. La iniciativa fue presentada entre aplausos y algarabía popular…empresarios y comunidades, burócratas e intelectuales, se dieron cita en un exclusivo hotel de la ciudad para respaldar tan noble iniciativa.

Una ley que tiene por objeto ‘aumentar la cobertura forestal’ ha sido presentada ya en dos ocasiones anteriores, a saber: cuando el programa de incentivos fiscales (PIF) y cuando el programa de incentivos forestales (PINFOR). Ambas leyes e instituciones han fracasado en el intento ya que la cobertura forestal del país mermó en los recientes 20 años, período en el que ha estado vigente el PINFOR. Al iniciar dicho programa la cobertura forestal del país ascendía al 47% del territorio nacional; en el 2010 había disminuído hasta el 34%. La tasa neta de deforestación declinó de 73,000 ha/año a 48,000 ha/año derivado obviamente de la siembra de más o menos 12,000 hectáreas anuales, pero sin considerar lo que se planta anualmente, la tasa (bruta) de deforestación continúa creciendo a nivel nacional.

A pesar de todos los esfuerzos gubernamentales es evidente que ni las políticas de comando-control, como las vedas y la declaratoria de áreas protegidas, ni las políticas de “fomento”, como los incentivos a la industria forestal, han logrado resultados positivos y sostenibles. Por supuesto, para algunos y por períodos transitorios sí, pero lograr estabilidad en estos procesos no ha sido posible desde la ‘virtuosa’ planificación centralizada.

Fomentar una industria—en este caso, la que basa producción en el bosque, es una política que promueve incentivos perversos e impactos negativos para toda la sociedad. Sobre lo primero, el mercado económico se mueve hacia el mercado político, engendrando una serie de grupos interesados que, invariablemente, buscan hacerse parte del grupo de beneficiados. Así, una ley que originalmente se proponía como “temporal” acaba por ser una ley “perpetua” cuyo costo paga usted por-siempre.

Sobre lo segundo, el impacto económico más trascendente de este tipo de legislación ocurre en en el sistema de precios, la información que se mueve en el espectro de quienes producen, venden o compran se distorsiona, tanto a nivel nacional como internacional. Los impactos de este fenómeno económico serán la abstención o escasa inversión a futuro—con lo cual se justifica nuevamente la siguiente generación de incentivos económicos por parte del Estado, la competencia desleal, la saturación del mercado de productos específicos y su consecuente sustitución artificial y el pago de un doble-precio: cuando mediante el pago de tributos se sostiene el programa y cuando se paga el producto derivado de la actividad forestal.

“Pero los hombres comparten también otra predisposición: la de vivir y desarrollarse, cuando pueden hacerlo, a expensas unos de otros”. Así Bastiat ilumuna el camino…esta ley es otro instrumento de expoliación legal. Implicará futuras reformas fiscales, préstamos o “donaciones”, alentará la corrupción, desviará la asignación de fondos de usos legítimos (seguridad y justicia) y promoverá el clientelismo político; aumentará el paternalismo y seguramente la ingobernabilidad social. El caos re-loaded!

La única forma de promover la conservación de los bosques es sometiéndolos al interés personal de sus propietarios. Es protegiendo la libertad inherente a los ciudadanos. Es permitiendo que actúen por derecho y no por permiso. Pero, ¿cómo pueden actuar en libertad los ciudadanos? Otorgando y dando certeza sobre la propiedad. Para el caso que nos convoca, para impulsar la industria forestal y conservar los bosques sería necesario, otorgar de manera indefinida las áreas protegidas a particulares (individuales o colectivos legítimos) y eliminar todos los requisitos y prohibiciones entorno al tema, a saber: exigencia de planes de manejo forestal, licencias, requisitos y permisos, regencias y figuras legales que suponen una garantía contra la “extralimitación” del propietario; y por supuesto, eliminando los programas de incentivos forestales.

Más bosques, más vida…sí, pero sin privilegios!


Jorge David Chapas es director ejecutivo de Rana, ingeniero agrónomo y maestro en economía ambiental, investigador asociado al CEES y ex-alumno del PERC Enviropreneur Institute.