Gestión ambiental municipal

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Por Jorge David Chapas | Septiembre 22, 2014


El Dr. Eduardo Mayora, profesor y amigo, anota que una de las peores ideas de todos los tiempos ha sido la de colocar bajo la responsabilidad de entidades públicas la producción y distribución de bienes y servicios “susceptibles de estar en el comercio de los hombres”—refiriendo esta última frase, a los tratadistas del Derecho Privado. Y es que la gestión ambiental municipal constituye uno de los tantos rubros que han usurpado los gobiernos de la esfera privada de las personas.

El agua, la energía, los bosques y el subsuelo constituyen bienes naturales susceptibles de estar en el comercio de los hombres pero por razones históricas y otras muy recientes, estos sencillamente están al amparo del gobierno central y las autoridades municipales. Todas nuestras constituciones consignan la idea de que estos bienes pertenecen al Estado y por tanto son de gestión pública. El cambio climático antropogénico (provocado por el hombre) es la causa reciente; arguyen que este fenómeno es el riesgo más grande que enfrenta la humanidad y que es menester del alcalde velar por mitigar sus efectos. No reparan, por supuesto, en vasta información verdaderamente científica—no política, que no confirma la cuota de participación del hombre y mucho menos justifica la intervención estatal como una solución.

Así, alcaldes y consejos municipales se insertan en una espiral perversa; se empeñan en implementar viveros forestales, declarar áreas protegidas, actualizar tasas ambientales, desarrollar planes de ordenamiento territorial, promover el uso de estufas ahorradoras de leña, instalar laboratorios de monitoreo ambiental, estímular la reforestación y las energías renovables, impulsar la educación ambiental, aprobar impuestos a los combustibles, crear policías ambientales municipales, crear empresas públicas, y más recientemente, alianzas público-privadas, adquirir nuevas flotillas de camiones recolectores de basura, cambiar luminarias tradicionales a tecnología Led y aprobar ordenanzas, reglamentos y multas. Estas “buenas prácticas” suponen aprobar un confuso entramado conceptual y por supuesto, mendigar financiamientos internacionales, generalmente gubernamentales.

Pero nada más lejos de evitar los grandes vicios que verdaderamente debiesen ocuparnos—pobreza, violencia, impunidad y corrupción campante. Cuando aquellas acciones surgen en el ámbito privado es porque el emprendedor oteó una oportunidad en el mercado y deberá asumir los riesgos. Pero cuando aquellas iniciativas emanan y son tuteladas por los gobiernos municipales abonan más bien a los vicios antes mencionados.

Entiendo que es sumamente complejo el contexto local, que arrastramos un legado histórico perverso, que hay leyes nacionales que limitan la autonomía municipal y que la época actual impone el reto de distinguir la fantasía de la realidad, la ciencia de la ideología, pero es necesario proponer a los gobiernos municipales un nuevo paradigma: el de un gobierno local limitado.

Esto significa reconocer que el conocimiento es disperso y que la planificación centralizada del tema ambiental responde a la premisa contraria; que el sistema de gobierno más justo es aquel que distingue claramente la esfera pública de la esfera privada. Que el gobierno local debe ser reconocido únicamente por el inestimable valor de la seguridad y la justicia (esfera pública). Que a mayor tamaño del gobierno—en funciones, presupuesto y pesonal, mayores son las probabilidades para la discrecionalidad y la corrupción. Que el alcalde también se ve impelido por su propio interés y que por tanto limitar su ámbito de acción es sano para él y para sus vecinos.

Todo aquello que pueda estar en el comercio de los hombres, que lo esté y éste debiese ser la principal estrategia de los alcaldes y regidores. Claros derechos de propiedad que devuelvan los bienes naturales a las personas (incluyendo las áreas protegidas), someter aquellos recursos al ético afán de lucro y promover un sistema de seguridad y justicia que sepa dirimir el incumplimiento de contratos es lo único que deben impulsar los gobiernos locales. Ese es su ámbito legítimo de acción...por añadidura y sin menoscabo de la libertad, muy probablemente alcanzarán un buen desempeño ambiental.



Jorge David Chapas es agrónomo y maestro en economía ambiental. Empresario, cofundador y director de Rana. Amigo del CEES y del PERC.