A propósito del desarrollo rural

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Por Jorge David Chapas | Febrero 2, 2013


El recién nombrado Ministro de Agricultura fue entrevistado en los últimos días por un medio de comunicación escrita y de la entrevista—y sus ideas respecto al nuevo enfoque de su gestión es importante analizar lo siguiente:

En primera instancia parece que sin la ley de desarrollo rural integral todo es “oscuro”. Afortunadamente esta iniciativa de ley se diluyó, de lo contrario hubiese pasado a formar parte del grueso número de leyes malas que rigen nuestro país. Leyes que, abonan a la expoliación legal, es decir, a la mala práctica de quitarle a unos para darle a otros de manera coercitiva.

Ciertamente, miles de familias viven en laderas y en áreas de baja productividad. Ciertamente en esas condiciones, la pérdida de suelo y agua es mayor y compromete la cosecha de los cultivos de maíz y frijol. Pero es iluso pensar que tal degradación de los factores productivos puede evitarse o al menos minimizarse con leyes, ministerios, consejos y programas de fertilizantes o riego. Nada de ello representa una verdadera solución al problema.

Las leyes que no buscan salvaguardar los derechos individuales—la libertad, la vida y la propiedad privada, simplemente son perversas. Degeneran en discrecionalidad, burocracia y corrupción. Provocan serios problemas financieros pues el cumplir con los programas que se erigen a su sombra necesitan o de préstamos, cuyos intereses socavarán posibilidades de inversión de las generaciones futuras, o de incremento de impuestos, cuyos efectos son visibles en las generaciones presentes. Las leyes y sus nobles intereses, por tanto, no son una opción.

Los programas de fertilizantes tampoco lo son. Sin duda generan intereses perversos en burócratas, empresas y agricultores. Los primeros serán seducidos por quedarse con una pequeña porción del negocio, los segundos con la mayor parte y los terceros, simplemente terminan con la peor parte: insuficiencia, parsimonia, robo y perjuicio. Perjuicio porque—como el mismo Ministro reconoce, “El fertilizante como se aplica hoy, anula la capacidad natural del frijol para generar nitrógeno. Por eso disminuyó su productividad”.

Conscientes de lo anterior, la actual administración busca ampliar los errores: desarrollar un programa integral que incluya no solamente fertilizante sino también asistencia técnica, semillas y riego. Integral será el error. Seguramente “tres extensionistas por municipio” no serán suficientes para atender la enorme demanda. Seguramente, las semillas no alcanzarán para todos, y seguramente también el riego generará que los “buscadores de rentas” del gobierno empiecen a moverse. Los más beneficiados entonces serán aquellos que vendan semillas y aquellos que provean de sistemas de riego. Usted, mientras tanto, deberá esperar 60 años para obtener rédito de los US$380 millones que deberán ser invertidos en tan flamante estrategia. Vaya intervención: el gobierno decide qué sembrar, en dónde y cómo.

Pero si hace casi cinco décadas, a deducir por las palabras del Ministro, ya en su aldea Chuscaj, Chiantla, Huehuetenango, se ensayaban sistemas de riego que, también a decir de él, eran eficientes. Si ya en tiempos pasados fueran posibles aquellas tecnologías en aquellos lejanos lugares, porqué hoy debemos pensar que tal conocimiento no está disponible en el agricultor, en la agricultura familiar, en el sujeto priorizado? Acaso “tecnificar el campo” es efecto exclusivo de la “ingeniería social?

“Los altos índices de desnutrición no son obra de Dios” dice el Ministro en aquella entrevista…por supuesto señor Ministro. Tampoco son efecto del “abandono del campo por décadas” como usted supone. Es el efecto de la intervención del gobierno en la esfera privada de las personas, entiéndase en la educación, la salud, la economía, el ahorro y las pensiones.

Las soluciones de fondo no se hallan en dichas ideas amigo lector. Se hallan fundamentalmente en garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos individuales: la libertad [de producir], la vida y la propiedad. Y ello concretamente debería implicar, entre otras medidas, que el sistema de educación pública se transforme en un sistema educativo que permita la competencia y deje en los padres la posibilidad de decidir la educación de sus hijos. Solo así será posible hallar mayor cobertura y calidad educativa y en consecuencia, transferir nuevos y mejores conocimientos. Mismos que a su vez permitirán transitar hacia otras fases del desarrollo (servicios e innovación).

Respecto a la propiedad de las familias por las que dice abogar el Ministro—las del altiplano, urge dar a dichas tierras titulación supletoria y acelerar el proceso catastral pues estas familias no pueden hipotecar su terreno debido a la falta de claridad en los derechos de propiedad y por tanto no son sujetos de crédito. Se sugiere revisar la columna de Federico Bauer Rodríguez del 5 de diciembre de 2012 (Ver el artículo).

Mientras escribo estos párrafos el Ministro intenta crear un nuevo viceministerio…y el Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonades) hacer correctamente las licitaciones para la compra de los fertilizantes. Podrán hacer su mejor esfuerzo pero es muy probable que los resultados sean siempre los mismos. Perpetuar las prácticas de expoliación legal solamente perjudica al “sujeto priorizado”.

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Jorge David Chapas es Director Ejecutivo de la Red de Amigos de la Naturaleza (Rana), Ingeniero agrónomo, maestro en economía ambiental y recursos naturales, investigador asociado del Centro de Estudios Económico-Sociales CEES y ex-alumno del PERC Enviropreneur Institute.