Un código de aguas conveniente para Guatemala

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Por Jorge David Chapas | Publicado originalmente en República.gt el 22 de junio de 2016


La discusión sobre la ley de aguas continua vigente en Guatemala y los que queremos que los más desfavorecidos tengan ese bien natural disponible en adecuada cantidad y calidad no debemos ceder ni alejarnos de la discusión.

A este momento la Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos del Congreso de la República, presidida por el diputado Ferdy Elías, ha recibido alrededor de 18 propuestas y pronunciamientos, las cuales ahora se propone hacer coincidir a tal punto, que surja una propuesta de ley “lo más cercana al sentido popular”. Esta propuesta final será sometida a consideración del pleno en julio próximo.

Mis cuestionamientos son de orden metodológico y obviamente, de contenido. Respecto de lo primero, cabe recordar el artículo 174 de la Constitución Política de la República, el cual otorga facultad de iniciativa de ley solamente a ciertas entidades y cargos públicos. Claro, ante la ausencia de estos y la total incapacidad de sus representantes para proponer una solución verdadera y de fondo al problema, es necesario contar con el apoyo ciudadano, sea este venido de la academia, de ONGs, de empresas o de centros de estudios ambientales. En cualquier caso, debo decir que este aspecto pudiese representar eventualmente un argumento en contra del proceso de aprobación de una eventual ley de aguas.

En materia de contenido, ya te imaginarás cuál es el “sentir popular”. Al menos 16 de las 18 iniciativas o pronunciamientos manifiestan claramente una tendencia a mantener la “estatización” del recurso natural. Claman, por ejemplo, por un “inventario nacional de aguas”, por una “entidad gubernamental con presupuesto propio”, por un sistema de “licencias y permisos” y una serie de castigos o “penas” que suponen pondrán en orden a aquellos que utilicen irracionalmente el recurso.

A esas propuestas subyacen premisas equivocadas. Suponen por ejemplo, que el conocimiento permanece concentrado en unos pocos (los burócratas), que el político o funcionario público no persigue sus propios intereses y que los recursos naturales, en tanto sistemas complejos y vitales para la supervivencia de los seres humanos, deben ser bienes de dominio público, es decir, de libre acceso e inagotables.

Pero nada de ello es cierto. En la realidad, el conocimiento es disperso, en el funcionario público también prevalece el interés propio y los recursos naturales, tal es el caso del agua, es ya un bien de dominio privado. De hecho, esto último lo norma el Código Civil actual y es precisamente lo que la Red de Amigos de la Naturaleza (www.redrana.org), como proyecto en solitario, intentará defender mediante una propuesta de Código de Aguas que llevará muy pronto al Congreso.

Reconoce Rana, luego de mucha discusión académica, que el Código Civil vigente y el Código Civil de 1933, aunque resguardan ciertos derechos de propiedad sobre las aguas, estos no alcanzan para definir puntualmente la propiedad ni abonan a propiciar condiciones de mercado que permitan asignar las aguas, mediante un sistema de precios, hacia los usos que más valoran los guatemaltecos. Los precios, estimado lector, son ese lenguaje, esas señales que permiten identificar la escases y la valoración más alta en el uso de los bienes.

El agua es sin duda un recurso vital y lo es para los más pobres. Aquellos que se identifiquen con grandes causas como la de reducir la mortalidad infantil y materna, la de reducir la desnutrición crónica y la inseguridad alimentaria, la de hacer llegar energía barata a millones de ciudadanos en el área rural y la de adaptarnos enfocadamente a los cambios climáticos cíclicos y naturales, no pueden hacer menos que conocer y apoyar una propuesta diferente…una basada en las premisas correctas y sustentada en sólidos principios morales, económicos, sociales y políticos. Y esa es la propuesta de Rana.

¡Atento estimado lector porque una vez más el Congreso de la República y “el sentir popular” intentan engrosar la ya indecente cantidad de leyes malas que limitan tu libertad, amenazan tu vida y roban tu propiedad!



Jorge David Chapas es guatemalteco y empresario forestal. Fundador y CEO de Rana. Miembro del CEES, del PERC y del Heartland Institute. Sus opiniones se publican en República.gt, Rana, Diario AltaVoz (Perú) y Notiminuto (Venezuela).