Sobre los problemas ambientales, en general

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Noviembre 2014


1. Creemos en los cambios climáticos, cíclicos y naturales. El clima siempre cambia. Durante el siglo XX hubo un aumento de temperatura global promedio de 0,7ºC. En lo que va del siglo XXI, creemos que no ha habido calentamiento global. Consideramos también que no hay consenso científico sobre el rol de la actividad humana en el cambio climático; de hecho se ha comprobado que muchos científicos han manipulado información (Climategate) para justificar el calentamiento global y sus respectivas políticas públicas. De esa cuenta ha surgido un grupo de científicos independientes (N-IPCC) que consideran que los cambios climáticos podrían traer más beneficios que costos a la humanidad.


2. Creemos que efectivamente la actividad humana causa algún impacto en el clima del planeta; no negamos que existan cambios climáticos, pero somos escépticos sobre las causas que se difunden generalmente en los medios. Creemos que una posible causa esté en la actividad solar y una serie de fenómenos derivados de semejante fuerza externa. No creemos que sea un problema que se necesite abordar mediante leyes y convenios internacionales.


3. No apoyamos las medidas de “mitigación del cambio climático” que implementan los gobiernos. Creemos que el riesgo que implican los fenómenos climáticos extremos deben abordarse sólo desde la perspectiva de adaptación mediante infraestructura con altos estándares de calidad (carreteras, diques, cableado subterráneo), sistemas de alerta temprana organizados privadamente y mayor crecimiento económico de los hogares, para que por sí mismos puedan anticipar escenarios de daño y prevenirlos de manera privada (seguros, por ejemplo).


4. Consideramos que en la política energética nacional debe hacerse prevalecer la competencia y el libre mercado, sin restricciones ni privilegios; no considerar subsidios ni cualquier otro mecanismo que distorsione el sistema de precios y genere mermas en la creación de empleos. En este sentido, consideramos que las alianzas público-privadas no deben ser una opción. Proponemos más bien explorar formas de dejar al emprendedor privado desarrollar el mercado, tal y como se ha desarrollado satisfactoriamente en el rubro de las telecomunicaciones. Para ello se hace necesario un marco regulatorio general y sencillo que hagan valer los contratos, arraiguen la actividad al ámbito del derecho privado y garanticen la propiedad.


5. Apoyamos invertir el escaso financiamiento público en problemas ambientales más locales y focalizados tales como el manejo de la basura, la contaminación de los ríos, la deforestación y conflictividad social por minería e hidroeléctricas.


6. La basura en las ciudades y municipios es un problema derivado de la ausencia de un mercado que permita valorar el desperdicio de los hogares. Ese mercado surgirá espontáneamente cuando los gobiernos municipales desistan de administrar la basura y generen condiciones de competencia en la recolección, transporte, deposición y manejo de los desechos. Ello permitirá emprender proyectos privados (lucrativos) de generación de energía, reciclaje, turismo, etc.


7. Sobre la contaminación de los ríos, consideramos que es un fenómeno que se explica desde la teoría de la tragedia de los comunes: lo que es de todos no es de nadie y por eso nadie lo cuida. Con base en ello, Rana considera que la mejor política para la recuperación de ríos y lagos, aún posible en algunos casos, es la asignación de derechos de propiedad. Derechos que sean “definidos, defendibles y divisibles”. Estas condiciones permitirán transferir derechos de contaminación razonables, atraer tecnología e internalizar los costes hacia las empresas y usuarios del agua. Permitirá también un sistema que ofrecerá agua potable de calidad y a precio competitivos, accesible para todos y sin restricciones de horario. Un sistema de claros derechos de propiedad permitiría también disminuir la conflictividad social entorno al uso de este recurso (hidroeléctricas).


8. La deforestación es un fenómeno propio de la pobreza, reflejada claramente en la demanda de tierra para desarrollar agricultura de subsistencia y de leña que hay en la población rural (15 millones de metros cúbicos anuales). Creemos por tanto necesario incrementar las condiciones de inversión y empleo en áreas rurales mediante la flexibilización de las políticas laborales, seguridad física y jurídica. Así mismo, se requiere eliminar el régimen de permisos y burocracia para utilizar los bosques, tanto naturales como plantaciones voluntarias. Creemos necesario eliminar los subsidios (incentivos forestales tales como el PINFOR y el PINPEP) que, a la fecha, distorsionan el sistema de precios e implican legislación particular (privilegios), incremento del presupuesto nacional y paternalismo. En este sentido, creemos que las áreas protegidas del país deben darse en cesión de pago o subastarse y asignarse derechos de forma privada, perpetua y sin restricciones de uso para que los dueños, ya sean privados individuales o privados-colectivos, puedan utilizarlas racionalmente. Estas medidas asegurarían su conservación y manejo sostenible.


9. A propósito de la conflictividad social, principalmente la derivada de la minería, consideramos que ésta mermaría significativamente si los derechos de propiedad del subsuelo se trasladan, del Estado al dueño del suelo (superficie). Eso le daría al propietario, en principio, el derecho de elegir si quiere o no, mediante contrato privado, otorgar el derecho de explotar los minerales o petróleo que yacen bajo su suelo. Evitaría la intromisión del gobierno y funcionarios que actúan generalmente con discrecionalidad, ONG’s nacionales y extranjeras, la iglesia y un sin número de actores más que actualmente abonan a la confusión, la mentira, el resentimiento y la violencia.


10. Además de lo planteado anterioremente, creemos firmemente que para solucionar los problemas ambientales es también condición necesaria la existencia de un sistema de justicia independiente, probo y diligente, que sepa dirimir los conflictos eventuales que surjan por incumplimiento de contratos privados entorno al uso de los recursos naturales. Creemos también que ello es condición suficiente y necesaria para desarrollar el potencial emprendedor, la innovación y la tecnología de las cuales derivarán finalmente las mejores soluciones a los problemas ambientales futuros, sin menoscabo de la cultura y cosmovisión particular de los ciudadanos.