Otra ley que expolia legalmente

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Por Jorge David Chapas | Septiembre 9, 2013


La recién aprobada “Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero” (Decreto 7-2013) es infundada, perversa y de consecuencias perjudiciales para los guatemaltecos. La mayoría de los diputados al Congreso de la República volvieron a equivocarse!

Es infundada porque descansa sobre premisas equivocadas. Y es que el cambio climático provocado por el hombre ha sido más un movimiento político-ideológico que una teoría científica; desde el 2009 una serie de hallazgos en la manipulación de información por parte de algunos científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas fueron develados y traducidos como el escándolo Climategate, desde entonces toda la teoría del calentamiento global ha venido derrumbándose y gracias a un creciente grupo de científicos y políticos honestos (Arthur Brouhard "Art" Robinson, Tom Harris, Bob Carter, J. Scott Armstrong, Vaclav Klaus y Anton Uriarte) se ha venido esbozando la hipótesis de que los cambios climáticos son naturales y cíclicos y que podrían tener su causa en la actividad solar y no en el incremento del CO2 generado por la actividad humana.

Incluso, muy recientemente, afirma J. Scott Armstrong: “No hay calentamiento global. De hecho la Tierra se enfría…no hay ninguna prueba sólida de que la Tierra se calienta…realmente el planeta está enfriándose desde 1998, como lo ha demostrado el científico Robert Carter…no hay excesivo dióxido de carbono atmosférico…en la Antártica hay más hielo ahora que en el último siglo […]” Perez, L.P. 2013. Lamentablemente, una teoría sobre el clima se ha convertido en el gran fraude del calentamiento global, en una ideología política, en un principio moral irrefutable, cuando al final “en lo tocante a la ciencia, la opinión de un millar no es superior a la razón fundada, aunque ésta la defienda un solo hombre” (J.M. Aznar).

La ley es perversa porque es un instrumento que otorga discrecionalidad al burócrata para decidir, prohibir o limitar actividades económicas que, según ellos, representen un riesgo al sistema climático; es perversa porque crea un Consejo donde supuestamente sus miembros “representan” cierto sector de la sociedad pero donde al final cada uno defenderá sus intereses, intentará inclinar a su favor los privilegios—entiéndase, el Fondo que crea la misma ley, y buscarán por medio de dicha instancia mantener cuotas de poder político. La ley es perversa porque seguramente los políticos que votaron a favor la emplearán para justificar sus “nobles interéses”, movilizar masas, canalizar recursos y obtener financiamientos de organismos internacionales.

Las consecuencias por tanto, seran—otra vez, nefastas. Y no porque se haya dejado de lado el tema agua y cuencas hidrográficas, no porque se le haya restado participación al sector indígena-campesino, tampoco porque no se haya regulado la proliferación de asentamientos humanos en laderas; es de consecuencias nefastas porque se le carga a los individuos un nuevo coste—la de pagar más burocracia por concepto de implementación de la ley, es decir, eventualmente más préstamos y reformas fiscales; porque se fomenta la clandestinidad, la corrupción y el clientelismo político. En suma, esta ley abona a las otros cientos que frenan el crecimiento económico y mantiene la condición de pobreza, esa determinante condición que hace que ellos, los más pobres, no puedan adaptarse a los cambios climáticos naturales y cíclicos.

La vulnerabilidad climática es ineludible pero la solución no emana del positivismo jurídico. La solución está más bien en definir claramente los derechos de propiedad y promover con ello la transacción pacífica y voluntaria de los recursos naturales; esto implica otorgar derechos de propiedad privada (individual o colectiva) en áreas protegidas, dar certeza a las propiedades que aún están en calidad de “posesión” y ensayar mecanismos de propiedad al subsuelo y al agua. Además de ello, al Estado le corresponde mejorar la infraestructura, en cantidad y calidad, y fortalecer el sistema de seguridad y justicia, a fin de que la propiedad privada sea defendida, defendible y transferible. Nada más.

Esta ley es un nuevo instrumento de expoliación legal…razónelo estimado ciudadano-tributario-elector!

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Jorge David Chapas es Director ejecutivo de la Red de amigos de la naturaleza (Rana) Ingeniero agrónomo y maestro en economía ambiental y recursos naturales, investigador asociado del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES) y ex-alumno del PERC Enviropreneur Institute.