Obtenciones vegetales y propiedad intelectual

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Por Jorge David Chapas | Septiembre 8, 2014


Habiéndose derogado finalmente la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, los diversos grupos de la “sociedad civil” celebran la decisión de los 117 diputados que votaron a favor de su anulación. Desde el Colegio de Ingeniero Agrónomos y la Universidad de San Carlos hasta el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MISCG) argumentan básicamente lo mismo: el Código de Salud, la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, el Convenio Sobre la Diversidad Biológica, el Tratado Internacional Sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y—el infaltable, Convenio 169 de la OIT. Como era de esperarse ninguno de estos grupos acusó la treta legislativa de incluir dentro de dicha legislación la ampliación del presupuesto en 550 millones, mismos que seguramente ya tendrán presencia en otra leyezuela.

Debo reconocer que esta vez coincido con estos grupos pero es preciso aclarar que lo hago con dirección y propósitos diferentes, a saber:

1. “La propiedad intelectual es una creación de los Estados y no de los mercados” dice Fernando Herrera, experto en propiedad intelectual. Con ello reitero la tesis de que la propiedad se reconoce, no se otorga mediante decisiones gubernamentales y al respecto retomo algunas enseñanzas de grandes pensadores del derecho: la propiedad es una obligación pasivamente universal, es decir, es una obligación de ‘no hacer’ que la sociedad le reconoce al individuo a cambio de que éste le reconozca a su prójimo el mismo derecho de creación de un bien, o una idea. Bajo esta premisa, la propiedad de variedades vegetales mejoradas debería reconocérsele a su autor (obtentor) siempre y cuando éste reconozca a su prójimo el mismo derecho de propiedad sobre nuevas variedades vegetales. En el caso de quebrantarse estos obligaciones (pasivamente universales), el mercado, es decir, la colectividad, de manera espontánea y y anónima habría de castigar al infractor expulsándolo del mercado.

2. La idea de “no copia” que subyace a la ley derogada y a la figura de las patentes atenta contra el proceso de imitación fundamental para la innovación. El recurrir al Estado para impedir el proceso de imitación constituye realmente pedir una protección especial, un privilegio. Si yo quiese vender una idea o un invento y no quiero que se replique entonces lo establezco en un contrato de común acuerdo con mi comprador. Si mi comprador incumple dicho contrato entonces yo, no el técnico gubernametal o el policía, acuso de incumplimiento de contrato y busco la sanción resarcitoria por la vía judicial. Además, como dice nuevamente Carrera, “una idea que requiere muchos recursos es más difícil de replicar y conlleva más riesgos”, siendo menos posible el proceso de imitación. Monsanto o el ICTA, para ser más locales, invierten y gastan, respectivamente, muchísimo en innovación y por tanto creo que igualar dichos recursos y capacidades es poco factible.

3. Desde gigantes empresas hasta los más pequeños obtentores requieren proteger sus innovaciones para mitigar los costos de las regulaciones gubernamentales. El FDA (Food and Drug Administration) y el MAGA imponen muchas requisitos y costos asociados, no dejan que sea el consumidor, quien mediante el sistema de precios, de manera pacífica y anónima, decida qué producto o idea debe prevalcer en el mercado.

Bajo estas premisas, la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales se perfilaba como una más de entre las miles de leyes perversas. Otorgaba poder discrecional al burócrata al definir qué variedades proteger, excepciones, licencias obligatorias y remuneraciones. Justificaba y expandía el monstruo gubernamental que signfica el MAGA y toda su ineficiencia.

Considero que la innovación genética y el fitomejoramientode de especies vegetales son soluciones reales a los problemas de desnutricion y condiciones climáticas pero no creo que una ley como esta contribuya en esa dirección. Lo mejor en aras de la innovación y el libre mercado, es que exista un poder judicial que sepa dirimir el incumplimiento de contratos entorno a la propiedad.



Jorge David Chapas es agrónomo, especialista en manejo forestaL y maestro en economía ambiental. Co-fundador y director ejecutivo de Rana. Miembro del CEES y estudiante del Property and Environment Research Center (PERC).