Minería, el caos se expande

Saltar a: navegación, buscar


JChapas Color.JPG

Por Jorge David Chapas | Marzo 2014


En diciembre pasado participé de la producción de un documental sobre minería en Guatemala por invitación de la organización y medio de comunicación: Reason. La información, experiencias y análisis que logré recoger durante aquellos 3 días es sobre lo que ahora propongo reflexionar:

Lo primero que debo expresar es, lo que yo concibo como el verdadero orígen del conflicto. No lo es el tema de las regalías, ni las consultas, ni la ausencia de controles ambientales por parte de las entidades gubernamentales; tampoco el nacionalismo con carga ideológica. El orígen, en mi opinión, estriba en la concepción heredada, a manera de institución, de que el subsuelo es un recurso Estatal, de que éste es un bien público. Ahí…en ese “incuestionable” principio radica la conflictividad.

Cuando estos territorios (hispanoamericanos) fueron conquistados por España, Italia, Países Bajos y Portugal, entre otros, la disposición oficial establecía que los recursos naturales pertenecían a la Corona, al Rey o Reina vigente. Así, los bosques (maderas preciosas) y minerales, principalmente oro y plata, pertenecían por decreto a la Corona. Bajo esta disposición, lógicamente puesta en marcha por la fuerza, muchos recursos fueron extraídos y llevados al viejo continente. Para profundizar en este hecho histórico recomiendo la lectura de El Robo del Subsuelo de Guillermo Yeatts.

A la fecha, nuestra Constitución, como todas las constituciones de América Latina con ahora la excepción de Chile, contiene un artículo que reza: “Bienes del Estado…las aguas, los lagos, la zona marítimo terrestre, el subsuelo […]” (Artículo 121). Este y sólo este constituye el orígen de la conflictividad social sobre minería pues se elimina el derecho de propiedad entorno a un recurso natural valioso.

Como esta premisa ni se cuestiona ni se pone en duda, surge el resto de justificaciones que de sobra conocemos. Pero ni el deterioro ambiental en las fuentes de agua se ha probado y si no preguntar a la misma Universidad de San Carlos que realiza monitoreos conjuntos con las comunidades; ni se obliga a los propietarios de la superficie a vender sus propiedades y si no observar lo sucedido en San Rafael Las Flores donde queda, prácticamente en medio de la mina una propiedad cuyo dueño no quiso vender.

De lo que sí se observan indicios y es aún más grave, es de la infiltración del narco-crimal en el tema. Y es lógico, generar caos y zozobra conviene para el tráfico rápido y seguro. Los auto-denominados líderes comunitarios, armados por sabe-quien, arremeten contra las empresas in-situ y luego surjen historias cuyos protagonistas, los comunitarios, aparecen en hoteles, borrachos o muertos. El narco por su parte, permanece a la espera del pago de las regalías para solicitar de manera expresa y violenta su parte. Los alcaldes serán ahora los sujetos de extorsión o simple negociación. El caos se expande!

Reitero, no me corresponde dictar conveniencia o no de la actividad como tal para el país, pues no me considero con el derecho ni información suficiente para llegar a semejante conclusión. Lo que sí me permite el análisis anterior es concluir que la decisión de extraer o no minerales corresponde únicamente al dueño del subsuelo. Es él frente al oferente quien debe decidir si otorga en arrendamiento, venta parcial o total el subsuelo que le pertenece. Sin intermediarios que encarecen esos costos de transacción (coordinación) considero que las soluciones serían más pacíficas. De no haberlas, sería la vía jurídica (y no la política-partidaria o ejecutiva) la que se invoque para dirimir los conflictos, sean estos, ambientales, contractuales o de límites.

El conflicto minero no terminará pronto, al menos no hasta que decidamos cuestionar la premisa sobre la cual se funda el problema: los derechos de propiedad del subsuelo. Desde Rana proponemos discutir a profundidad el orígen, la causa…desde Rana proponemos replicar la Ley de Telecomunicaciones al subsuelo y generar así lo que podríamos denominar Títulos de Usufructo de Subsuelo (TUS’s). Una figura de esta naturaleza contribuiría, para principiar, a depositar la decisión sobre un particular (y no sobre cientos, miles y millones) para luego, de la mano de la competencia, la tecnología y un fuerte Organismo Judicial propiciar que la actividad se desarrolle de manera provechosa para todos en términos de empleo, inversiones de largo plazo y dinamismo económico. Cuando termino de escribir este artículo, algunas instituciones lanzan el primero de tres estudios sobre el tema con el propósito de reformar la ley de minería; lamentablemente la "innovadora" propuesta sigue siendo la misma de siempre: "consultas comunitarias planificadas y legitimadas".

Que el documental de Reason-Rana contribuya a identificar la verdadera causa del problema.


Jorge David Chapas es director ejecutivo de Rana, ingeniero agrónomo y maestro en economía ambiental, investigador asociado al CEES y ex-alumno del PERC Enviropreneur Institute.