Hidroeléctricas

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Por Jorge David Chapas | Marzo 9, 2015


La energía es un factor vital para la generación de riqueza de una sociedad. El acceso doméstico y oferta de la misma para las diversas actividades económicas refleja en gran medida el grado de “competitividad” de un país pues ello trae aparejado los niveles de inversión y empleo. En otras palabras, un sector energético débil es equivalente a escasos o bajos niveles de inversión y empleo, y en consecuencia, una mayor propensión a la pobreza y la marginalidad, a la inseguridad y a la violencia.

Guatemala posee una hidrografía abundante. Sus 38 cuencas hídricas, siete lagos, 365 lagunas, 779 lagunetas, y por lo menos 317 ríos, se ven influidos por un régimen de lluvias y fenómenos océano-atmosféricos que favorecen el potencial hidrológico del país para la generación hidroeléctrica; se estima que nuestros caudales hídricos poseen energía para generar al menos 4,500 megavatios de electricidad, casi tres veces más que la demanda actual (1,700 MW).

No obstante aquel potencial y el valor estratégico del sector energético, la generación de energía a partir de agua constituye hoy en día un foco importante de conflictividad social. Y nuevamente, como en el caso de la minería, el fenómeno no se circunscribe únicamente a factores técnicos, legales e institucionales, tales como la contaminación de los ríos y los estudios de impacto ambiental. El narcotráfico, la corrupción, el carácter ideológico de izquierda que pulula en organizaciones sociales, ambientales, cooperación interancional e iglesia y el status quo del poder político y sus clientes, tanto a nivel municipal como nacional, generan un complejo entramado del problema, digno de frustación e impotencia.

Mover la opinión pública hacia soluciones estructurales, de sistema, es vital. Despenalizar la producción, tráfico y consumo de drogas y limitar la función de los gobiernos (nacional y municipales) es tan urgente como derogar el artículo 121 y 127 de la Constitución de la República. Seguir considerando los recursos hídricos como bienes del Estado y de dominio público solamente empeora la ya caótica realidad nacional. La propiedad estatal del agua conduce inevitablemente a la Tragedia de los comunes: todos tienen los incentivos para acelerar y aumentar sus excesos en el uso del recurso, nadie tiene los incentivos para abstenerse o reducir sus niveles de consumo . Bajo las condiciones actuales, en las que es el Gobierno quien otorga licencias de aprovechamiento, no existe un sistema de precios que ajuste el valor del recurso según su escases y forma de uso.

El sistema de derechos de propiedad, contrario al sistema de regalías vigente desde la época colonial, genera los incentivos que se ajustan a la naturaleza humana—la del deseo muy natural de mejorar el bienestar propio y de la familia con prioridad; dichos incentivos permiten generar información (precios) que permiten internalizar los costos al ambiente (contaminación), desarrollar innovaciones y evitar así el desperdicio y la degradación del recurso.

La participación de hidroeléctricas en la oferta energética alcanza ya el 33%, una tercera parte de la demanda. No obstante, varios proyectos de inversión permanecen sitiados por organizaciones criminales y delictivas, generalmente con nexos políticos, estancados en procesos legales de consultas tan manipuladas como inútiles, ignorados por los caudillos locales (alcaldes), sometidos por organizaciones sociales lideradas por ex-guerrilleros, acusados por una iglesia que sataniza el capital y burlados por organizaciones ambientales supuestamente pro-empresa; en fin, estos proyectos tienen un sobre-costo muy alto: seguridad privada, proyectos sociales y ambientales en exceso, burocracia y lobby político.

¡Mientras no te atrevas a cuestionar tus premisas y no exijas del Congreso los cambios al sistema, el caos será la constante…no te quejes!



Jorge David Chapas es guatemalteco, agrónomo y empresario forestal. Fundador y CEO de Rana. Amigo del CEES y del PERC.