El agua, bien escaso

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Por Eduardo Mayora Alvarado


(Publicado por primera vez en Siglo21 el 27 de marzo de 2014).


Una de las peores ideas de todos los tiempos ha sido la de colocar bajo la responsabilidad de órganos o de entidades públicas la producción y distribución de bienes y servicios “susceptibles de estar en el comercio de los hombres”, como bien dicen los tratadistas del Derecho Privado. Son muchas y variadas las razones por las que la mentalidad que está detrás de esta nefasta idea se haya esparcido tanto pero, en mi opinión, una de las más importantes es la identificación de ciertos bienes como del dominio en común de los seres humanos.

En Guatemala esto ha ocurrido con los minerales del subsuelo y el petróleo, por ejemplo. Siendo bienes susceptibles de estar en el comercio de los hombres, nuestras constituciones los han situado bajo la responsabilidad de funcionarios que, independientemente de lo bienintencionados o probos que puedan ser, no cuentan con la información ni están dentro del marco jurídico e institucional que les permita administrar eficientemente dichos bienes. Y en relación con esta situación se produce uno de los mitos más increíbles de la vida contemporánea, a saber: que muchos se creen que, de ese modo, el Estado y, por su medio, ellos mismos son “condueños” del recurso que fuera y, además, algún día serán beneficiarios de los frutos que rinda. ¡Qué mito tan absurdo!

Pero está claro que es muy difícil cambiar ciertas mentalidades, sobre todo cuando se basan en creencias mitológicas o, por lo menos, ilógicas. Simplemente, no hay forma de razonar. No basta con demostrar que, así como el oro, la plata, el estaño, el níquel y demás minerales del subsuelo guatemalteco jamás han significado nada o casi nada en términos de riqueza real para los ciudadanos de este país, lo mismo pasaría con el agua, de someterse el precioso líquido a un régimen parecido.

De ese modo son dos los problemas a resolver: uno, quién o quiénes deben poder apropiarse del recurso para comercializarlo; y otro, cómo o dentro de qué régimen jurídico e institucional. Para resolver el primero yo sugiero distinguir entre las aguas que actualmente se consideran del dominio público y las que son del dominio de los particulares. Respecto de las primeras, propongo que todos los derechos de disposición sobre las mismas y los caudales existentes sean aportados a unas cinco sociedades mercantiles cuyas acciones se coticen en el mercado de capitales, y sean inscritas, en partes iguales, a favor de cada ciudadano inscrito para votar. El equipo gerencial inicial de cada sociedad podría ser designado por consultores independientes seleccionados mediante concurso público. De ahí en adelante, el que quiera que conserve sus acciones; el que no, que las venda en el mercado de valores y convierta su parte en dinerito real en su bolsillo.

En cuanto al segundo problema sugiero que tanto las sociedades creadas como indico arriba, así como los particulares que ya sean propietarios del recurso en cualquier forma, compitan en un mercado sin barreras legales para producir, conservar y comercializar un recurso tan fundamental como es el agua. De otro modo, preparémonos para la escasez.



Eduardo Mayora Alvarado es abogado, miembro del CEES y columnista del diario Siglo 21 (Guatemala).