Don Margarito y la toma del INAB

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Por Jorge David Chapas | Artículo publicado originalmente en República.gte el 29 de Junio de 2016.-


Hace algunos meses conocí a don Margarito. Un hombre de 85 años muy humilde, que en su afán de “cumplir la ley” se acercó al Inab a pedir un permiso para cortar 5 pinos. Arboles que él mismo había sembrado tiempo atrás y sobre los cuales el alcalde no le había dado el permiso de cortar. Parado frente a la recepción, don Margarito sacó los documentos de su propiedad para sustentar su derecho; aquellos papeles estaban sucios y malolientes pero resguardados en varias bolsas plásticas y un costal.

De pocas palabras y con dificultad para hablar el español insistió en que quería el permiso. “La ley” obligó a la recepcionista a recordarle el procedimiento. De no cumplirlo, aquel derecho no podía ser ejecutado. Le saqué de ahí y dispuse hacerle saber lo perverso de la ley forestal, al punto que, lo persuadí para incumplirla:

- Hay leyes buenas y leyes malas, don Margarito. Las leyes malas lo hacen pedir permiso para todo y le prohíben hacer cosas que los trabajadores del gobierno creen malas.

- ¡Pues, yo quiero cumplir las leyes buenas!

- La ley buena es aquella que le permite hacer cuanto quiere siempre y cuando respete la vida, la misma libertad y la propiedad de los demás.

- Entonces, ¿puedo aprovechar esos pinos y luego sembrar más?

- [...] ¿O acaso le está haciendo daño a alguien?


Que se me acuse de sedición, pero no creo justo ni moral que una persona que apenas puede caminar tenga que poner en riesgo su vida y someter a juicio de burócratas su derecho natural de aprovechar su propiedad como a el le plazca. Jugar bajo esas reglas debemos otros que no podemos desaparecer del radar.

Sirva este relato para reflexionar sobre lo perverso de la ley forestal y de sus efectos al margen. Este reportaje que lanzara recientemente Plaza Pública es nada más un efecto marginal, que en nada debe sorprendernos. En él se advierte cómo socialistas (buscadores de privilegios políticos) y mercantilistas (buscadores de privilegios económicos) se sientan en la misma mesa a negociar puestos e intereses. Puestos e intereses que se pactaron tiempo atrás, en la mismísima ley forestal decreto 101-96.

Aquellos que ven en la transa política un error de procedimiento o un error de “conformación de la junta directiva”, tienen corto alcance. Quienes lo justifican acudiendo al mito de la “necesidad de una buena gerencia en los cargos” lo tienen aún más corto. Ambos lo que buscan es un puesto para formar parte en algún momento de la camarilla de expoliadores.

Expoliadores porque eso es lo que engendra la ley forestal. Una ley que expolia, que quita la facultad de utilizar, por derecho natural, como le venga en gana sus pinos a don Margarito y a tantos otros millones de guatemaltecos que adquieren sus árboles de forma legítima. Y cualquiera que se atreva a decir con acento romántico que “la ley forestal no quita nada a nadie solo intenta regular el uso de los bosques en el país” que advierta su perversidad cuando crea por decreto programas de subsidios, que no son más que políticas de redistribución de la riqueza o sea, socialismo y mercantilismo. Que advierta además lo perverso de cualquier sistema de licencias y permisos, de notas de envío, de acuerdos de gerencia, de fondos forestales privativos, de formularios y sistemas de registro, de expedientes y correspondiente rimero de fotocopias, de garantías y toda esa burocracia que significa tiempo, altos costos, discrecionalidad y corrupción.

Es por lo anterior que insisto en que lo mejor que podemos hacer los guatemaltecos por tener “más bosques y más vida” es que se derogue la ley forestal decreto 101-96. No para crear un puesto “a los comunitarios” en la junta directiva, no para “mejorar los procesos de selección de gerentes”, no para ampliar y hacer más justos “los programas de incentivos forestales”…porque es la existencia misma de estas políticas y mecanismos el problema de fondo. ¡Es tiempo de que el guatemalteco viva por derecho y no por permiso!

Derogada la ley, propongo crear una comisión-transitoria de 4 años que opere con un máximo del 20% del presupuesto actual del Inab, o sea, alrededor de 55 millones de quetzales y que el restante (221 millones) se deduzca del presupuesto general de ingresos del Estado y se deje finalmente en el bolsillo de los guatemaltecos. Dicha comisión tendrá por objetivo liquidar la institución, haciendo claudicar con ella todo el sistema de licencias y permisos y de programas de incentivos que esta entidad administre; vender o subastar públicamente los bienes inmuebles y demás activos y, trasladar a manos del Registro de la Propiedad los derechos de aprovechamiento que por naturaleza corresponden a sus dueños legítimos. De ahí en adelante todo goce o perjuicio que surja del aprovechamiento de los bosques quedará en manos del mercado (la colectividad) y los contratos, del sistema público de justicia, del arbitraje privado o de los mecanismos naturales de resolución de conflictos (la conciliación y la persuasión).

“Las diferencias de opinión no son atribuibles a mala voluntad sino a sinceras discrepancias sobre ideas muy complejas” enseñó el Muso Ayau hace algunos años y eso me da pie para hacer constar que no tengo nada personal hacia mis aún amigos y ex-compañeros del Inab…solo difiero de lo que ellos aún defienden pero que sin duda, al razonar fríamente sobre estas verdades, estarán de acuerdo.




Jorge David Chapas es guatemalteco y empresario forestal. Fundador y CEO de Rana. Miembro del CEES, del PERC y del Heartland Institute. Sus opiniones se publican en República.gt, Rana, Diario AltaVoz (Perú) y Notiminuto (Venezuela).