Deforestación y degradación (I)

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Por Jorge David Chapas | Julio 3, 2014


En su columna del lunes 30 de junio en el matutino elPeriodico [1], Marcela Gereda se pronuncia sobre los altos niveles de deforestación en el país. Mucho habrá que cuestionar de sus argumentos introductorios, por ejemplo, el hecho de alimentar la idea de que los árboles producen oxígeno, cuando realmente lo que hacen es remover CO2 de la atmósfera, liberando en ese proceso no sólo oxígeno, sino también CO2 y, el llamar a Guatemala, “Goathemalan”, cuando el término correcto es Quauhtlemallan, vocablo derivado de la voz náhuatl cuya traducción aún es cuestionable como “tierra de árboles”.

Lo importante en esta primera reflexión es cuestionar nuevamente la idea que subyace a las causas del problema. Gereda alude a la deforestación como resultado de la falta de “conciencia”, la “venta abusiva de madera” y el “contrabando desmedido”. Su opinión centra solución en más regulación, un cambio de actitud de las personas y en programas estatales de reforestación más agresivos. ¡Yo disiento!

La deforestación y degradación de los bosques en Guateamala obedece a diversas causas raramente advertidas, a saber: la sobreregulación entorno al aprovechamiento de los bosques naturales, la implementación de políticas públicas perversas y las condiciones económicas y sociales imperantes en las áreas con mayor potencial de recursos forestales.

La sobreregulación es el resultado de prejuzgar a las personas como individuos destructores, egoístas, ambiciosos y carentes de conocimiento; esta premisa hace concebir los bosques como bienes que no pueden estar solamente al amparo de sus dueños sino que deben ser tutelados y vigilados por el Estado. Subyace a esta noción aquella que data de épocas coloniales en las que todo recurso de valor, incluída la madera y minerales, pertenecía al Rey. Dadas estas condiciones, es evidente que vayamos a cumplir 100 años (1921) de haberse emitido las primeras leyes forestales en Guatemala. Todas bajo el supuesto tácito de que los bosques son bienes públicos, aunque se administren parcialmente de manera privada.

Se establece entonces un sistema basado en permisos (licencias), planes de manejo, garantías, notas de envío para el transporte de productos forestales, restricciones de horarios y especies, inscripción obligatoria de maquinaria, resoluciones, impuestos, obligatoriedad de asesoría profesional y pagos por concepto de trámites. Todo este aparto burocrático es, en primera instancia, el origen de lo que bien señala Gereda como “contrabando desmedido”.

El madereo ilegal existe precisamente porque ingresar al mercado formal o legal es muy caro. Los costos, requisitos y tiempos gubernamentales entorpecen y desincentivan cualquier intención genuina de manejo forestal y conduce a los más audaces a burlar leyes e instituciones. Florece la cultura del soborno, se distorsiona el sistema de precios y se propicia la corrupción. El bosque, entre tanto, desaparece vertiginosamente porque no hay un estímulo natural para su recuperación y aprovechamiento racional.

Mientras el propietario forestal guatemalteco viva por permiso y no por derecho la cobertura forestal seguirá mermando. Lo solución a este problema fundamental pasa necesariamente por reconocer plenamente la propiedad y la libertad de las personas. El dejar en libertad implica eliminar el sistema de permisos vigente; ello estimulará el comportamiento responsable, pues en sano juicio, nadie quiere degradar lo suyo. Alentará intercambios libres y voluntarios y si el bosque realmente constituye un potencial productivo nacional serán los propietarios forestales quienes bajo un orden espontáneo hagan florecer tal industria, sin mandatos ni fomento estatal. Eso sí, este sistema brindará frutos únicamente si aquel que atente contra la propiedad de manera violenta, enfrente un sistema de justicia probo, diligente y capaz de hacerle pagar las consecuencias de sus decisiones. Continuaré en mi siguiente columna.



Jorge David Chapas es co-fundador y CEO de Rana, agrónomo especialista en bosques y economía ambiental, investigador asociado al CEES y alumno del PERC.