Apuntes al nuevo reglamento ambiental

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Por Gabriela Platero | 12 de julio de 2016


El martes recién pasado, 12 de julio de 2016, amanecimos con un nuevo Reglamento de Evaluación Control y Seguimiento Ambiental (AG 137-2016), el cual entró en vigencia inmediatamente después de su publicación. Con ello, la población se encontró sujeta a regulaciones que no tuvo la oportunidad de conocer ni estudiar previo a que fueran vinculantes. Al emitir este reglamento, la nueva administración del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) buscaba enmendar la plana del reglamento que fuera publicado como AG 20-2016, por el anterior gobierno transitorio, que dicho sea de paso nunca entró en vigor. Sin embargo, este reglamento puede generar más problemas en la implementación de los instrumentos ambientales, que los beneficios que se buscaban crear.


Después de leer el contenido de este nuevo reglamento, pareciera que el MARN redactó el reglamento en menos de una semana, y no analizó a profundidad las consecuencias que tendrá su implementación, los efectos que tendrá en el desarrollo de los proyectos, ni la capacidad efectiva del Ministerio de implementar todas las obligaciones que allí se establecen. El nuevo reglamento trae consigo una serie de errores tanto de forma y de fondo que vale la pena conocer y analizar.


En primer lugar, este reglamento carece de técnica legislativa, y su simple lectura evidencia la falta de revisión de su forma y gramática. Entre otros, el término “Proveedores de servicios ambientales” está definido dos veces, de forma diferente, creando una confusión en el significado aplicable. Muchas veces el texto de un artículo omite hacer una introducción clara de su objeto, pues asume que la descripción del acápite es suficiente para entender y regularlo. Además, hay otros errores del uso correcto del idioma; por ejemplo indica que una licencia tendrá una “vigencia por 3 años y un máximo de 5 años”. Asimismo, se incluyen definiciones y explicaciones en el articulado en donde únicamente se debería de listar el nombre de las acciones.


Con respecto al análisis de fondo del reglamento, son muchos los problemas que se visualizan con respecto a su efectiva implementación. Esto hace dudar de si este reglamento cumplirá con su función principal que es detener los niveles críticos de deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente en general, y responder a las exigencias de los avances tecnológicos y cambios sociales observados.


El mayor problema que crea este reglamento es que le otorga aún más funciones al MARN que las que actualmente desarrolla. Según el articulado, ahora esta institución pública será la unidad ejecutora que implementará las acciones de remediación ambiental en caso que ocurran daños ambientales. También se atribuye la obligación de realizar auditorías ambientales de oficio y acciones de seguimiento y vigilancia ambiental a los distintos proyectos, cuando así lo determine. Si en los más de 15 años que tiene el MARN de existir no ha podido cumplir con las obligaciones que la ley le impone, no entiendo que le hizo creer que podría atribuirse más obligaciones de implementación de acciones de análisis y remediación. De la lectura del reglamento, la única razón por la cual creo el MARN se arrogó estas funciones es que recibirá los fondos de los seguros ambientales y cobrará por las demás acciones según el tarifario allí incluido. No obstante, el recibir dinero para realizar dichas acciones no garantiza de ninguna forma que estas actividades se vayan a implementar efectivamente. En todo caso, es mucho más efectivo que sean particulares regulados y autorizados por el MARN quienes realicen en cualquier caso las actividades de control y seguimiento, alivianando así a dicho Ministerio de las múltiples funciones que debe de ejercer.


Otro problema grave que crea este reglamento, es la forma en que regula los plazos para la emisión de la resolución ambiental que aprueba o deniega los instrumentos ambientales. Primero, el mecanismo para determinar cuál es el plazo máximo para la emisión de la resolución aprobatoria del instrumento es confuso y difícil de calcular (Por ejemplo, “90 días, el cual inicia al finalizar el plazo de la vista pública”). Los plazos legales de aprobación pueden llegar a ser hasta por un año. Esto porque el plazo original que establece es de aproximadamente seis meses para los proyectos de alto impacto, pudiéndose suspender el plazo por un plazo adicional de seis meses en tanto el CONAP, el INAB o el Ministerio de Energía y Minas emiten su opiniones al proyecto. Es importante notar que este plazo tan amplio es contradictorio y violatorio del principio constitucional Derecho de Petición citado en el propio reglamento, que otorga un plazo de 30 días para resolver cualquier petición presentada por el proponente del proyecto. Al efecto, se deberá adecuar el plazo para la emisión de cualquier resolución al plazo constitucional.


Como otros ejemplos a estos errores, se resalta que individualiza el cobro para la Licencia del Auditor Ambiental cuando éste no se define ni se regula en el texto del documento. Aunque se asume que esta figura es quien realizará las auditorías ambientales voluntarias, según el artículo 89, es un proveedor de servicios ambientales, la persona designada para realizarlos. También crea estándares imposibles de cumplir, pues exige que cuando ocurra un daño ambiental, el proponente debe ejecutar el Seguro Ambiental para que se realice la remediación. Sin embargo, establece que la consecuencia inmediata de la ejecución de tal seguro es la cancelación de la Licencia Ambiental. Esto generará que los proponentes del proyecto realicen de forma clandestina las remediaciones ambientales, sin ejecutar el seguro o notificarle al MARN. Lo anterior puede resultar en una remediación inadecuada del daño ambiental, con efectos negativos para el ambiente.


Al final, lo que debemos buscar como administrados es la modificación de este nuevo reglamento, pues como actualmente está redactado, el país puede llegar a retroceder en los pequeños avances que se han logrado con respecto a la protección y mejoramiento del ambiente. Se debe consensuar con la población, en especial aquellos potenciales proponentes, cuáles son los elementos que deben enmendarse para que regule de forma adecuada los todos los instrumentos de gestión ambiental.



Gabriela Platero es abogada y notaria con una Maestría en Derecho Ambiental. Consultora ambiental, catedrática universitaria, y traductora.