Agua y bienes públicos

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Por Eduardo Mayora Alvarado


(Publicado por primera vez en el diario Siglo21 el 3 de abril de 2014)


Uno de los comentarios a mi artículo de la semana pasada sobre la creación de sociedades mercantiles de las que todos los ciudadanos lleguen a ser accionistas, aportándoles a cada una los activos acuíferos del país, fue el de que el agua es un bien público y otro, directamente relacionado con el anterior, fue que el agua no se produce.

Una definición común de “bienes públicos” se fija en dos circunstancias muy concretas, a saber: una, sobre los costos de excluir de su consumo a las personas que no paguen por el bien en cuestión; otra, el hecho de si el consumo de unos rivaliza con el de los demás. Así, por ejemplo, cuando se realizan los llamados “Fuegos Campero” hacia finales de año, el espectáculo de luces y colores es de tal naturaleza que el coste de excluir a quienes no pagaran por disfrutar del show sería mayor que el espectáculo mismo. Por otro lado, el hecho de que lo disfruten más o menos personas no degrada la belleza del evento como tampoco incide en cuánto lo gocen otras personas. Claro que uno pudiera pensar en una situación en la que un hombre de gran estatura se plante frente a otro de menor estatura, pero aun así los que estén a los lados del gigantón descortés gozarán de las luces de colores en el cielo igual que si el Goliat no existiera.

Ese ya no es el caso del agua. El agua potable y la que se emplea para otro tipo de consumo humano ha dejado de estar disponible para todos del modo descrito arriba desde hace mucho tiempo. Es más, una de las características que inciden de manera importante en el precio de las viviendas hoy en día es la circunstancia de si el suministro de agua potable está razonablemente garantizado. El agua susceptible de consumo humano en estado natural ya no está disponible, excepto en parajes remotos de las zonas urbanas y en cantidades limitadas. En ese sentido, sí que es necesario producir agua potable (independientemente de que en todo caso la materia ni se cree ni se destruya).

Cuando se plantea, pues, la conveniencia de promulgar una “Ley Nacional de Aguas” o algo parecido es sumamente importante analizar el tema a fondo. En la actualidad coexisten varios sistemas de reglas sobre la producción, la comercialización y la distribución del agua. Es una situación más de hecho que de derecho. Las municipalidades no son capaces, por regla general, de suministrar de manera estable y continua el agua a los vecinos del municipio ni de invertir para resolver el problema y entonces han surgido numerosas variantes de dicho servicio. En los condominios cerrados la inversión se traslada al precio del inmueble adquirido y en los barrios populares transitan camiones cisterna, vendiendo el agua a precios mucho más altos que los que pagan quienes viven en aquel tipo de urbanizaciones.

Lo mejor para los habitantes de zonas populares sería que surja un mercado de agua potable que, como ocurrió con la telefonía y la energía eléctrica, llegue a cubrir la demanda de casi todos. No sería perfecto, pero mucho mejor de lo hoy existe y todos serían verdaderamente dueños de los recursos.



Eduardo Mayora Alvarado es abogado, miembro del CEES y columnista de Siglo 21 (Guatemala).