¿Por qué NO una ley de aguas?

Saltar a: navegación, buscar

Jorge Chapas 2.jpg


Jorge Chapas | Artículo publicado en el sitio del programa de radio Con criterio (100.1 FM), el Miércoles 31 de mayo de 2017.-


Al 27 de junio, la votación de si se necesita o no una ley de aguas es abrumadoramente favorable (92 votos contra 11) al NO. Lee el artículo...


La existencia de una ley de aguas no terminará con los problemas de contaminación, escases y sobreexplotación. Al menos no si dicho instrumento se aprueba sobre premisas equivocadas, tales como, “el agua es un derecho humano”, “el agua es un bien común” o “el Estado debe tutelar su administración mediante ministerios o dependencias”.

En principio, cabe aclarar que la gestión del agua ya se encuentra normada de alguna manera. Tanto el Código Civil vigente, Decreto Ley Número 106, específicamente en el Libro II, Título II, Capítulo V, Artículos del 579 al 588 como el Código Civil Decreto Legislativo 1932, específicamente en el Título II, Capítulo I al V, Artículos 387 al 430, preceptúan ya la forma en la que el recurso debe ser gestionado, establecen claramente la propiedad particular de la misma y algunas consecuencias del mal uso. Así mismo, existen otras normas específicas, como el Reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales y de la disposición de lodos” que también presuponen formas y mecanismos de evitar la contaminación.

El problema de fondo entorno al tema, como en muchos otros, es la total ausencia de un Sistema de Justicia que dirima los conflictos mediante procesos restaurativos y compensatorios, que sancione el incumplimiento de contratos y que establezca precedentes judiciales en casos de daño ambiental.

Lamentablemente, la Constitución establece en el Artículo 121 que “una ley específica regulará esta materia” al tiempo que reconoce que “todas las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles”. Este precepto constitucional confunde y supone esta coyuntura de si una ley es necesaria o no. Podríamos estar de acuerdo en que posiblemente aquellos Códigos y Reglamentos no alcanzan para establecer un mecanismo más eficaz para atacar los problemas de contaminación y escases e incluso podríamos interpretar de este artículo constitucional que, efectivamente, el hecho de ser de “dominio público” significa que las aguas no son bienes Estatales, sino de los particulares y que es más bien necesario generar un Mercado del Agua mediante una mejor definición de los derechos de propiedad de las aguas, hoy por hoy, en propiedad estatal y municipal, al tiempo que se resguarda la Propiedad Particular o Privada de las aguas que nacen, yacen, subyacen o caen en propiedades particulares.

NO es necesaria una ley de aguas que otorgue más funciones (actividades), poderes (libertades) y recursos (dinero) al Estado. Ello supone que la planificación centralizada funciona y que el conocimiento está concentrado en unos pocos. Nosotros creemos lo contrario. Es necesario reconocer que las aguas constituyen un recurso tan valioso como para dejarlo en pocas mentes y manos; es necesario desarrollar un mercado del agua que permita, sobre la base de la Propiedad privada, el surgimiento de precios reales (y no precios distorsionados como los actuales: entre Q10 y Q150 la media paja o los 30 m3). Ello permitirá advertir la escases o abundancia reales, a la vez que generará los Incentivos para conservar el recurso.


Jorge Chapas es guatemalteco y empresario forestal. Fundador y CEO de Rana.