Las aguas son nuestras

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Derechos sobre las aguas en Guatemala

Según la tradición jurídica e historia guatemalteca y la Constitución entendida e interpretada en su conjunto, el derecho de aguas es de dos tipos:

• Dominio privado

• Dominio estatal (y municipal) y público


Cuando la constitución no se interpreta en conjunto, se puede llegar a errar en pensar que “todas las aguas son del dominio público”, pues claramente ésta reconoce las de dominio privado, pues ya existen derechos de propiedad sobre este tipo de bien. No se puede interpretar que absolutamente todas las aguas son de dominio público porque según la ley vigente (y la Constitución), los propietarios de las aguas privadas ya adquirieron previamente sus derechos de dominio. Nadie puede quitar arbitrariamente la propiedad por decreto en un régimen republicano. Si fuera cierto el argumento que todas las aguas son de dominio público, o estatal, las aguas de dominio privado se hubieran tenido que expropiar masivamente, en algún momento de la historia. Esto no ha pasado -ni podría pasar-, en cualquier caso, a nadie se le ha indemnizado. Ni en el derecho guatemalteco, ni el internacional se puede expropiar “en general”, y en ningún caso sin indemnizar. El Estado no tiene recursos para una expropiación a gran escala.

Los constituyentes no tienen derecho de quitar derechos inherentes a las personas, para eso tenemos las garantías internacionales de derechos humanos. Aún más, siempre hemos tenido nuestros derechos naturales sobre nuestra propiedad. Por ende, los últimos constituyentes no nos pudieron quitar nuestros derechos privados, aunque lo hubieran deseado o no hubieran podido redactar con precisión. Estos derechos ya eran parte del haber de sus dueños y nadie se los puede quitar legítimamente.

Las aguas privadas, se rigen –actualmente–, por ser derecho de propiedad privada, por:

• Constitución Política de la República de Guatemala

• Convención Universal de los Derechos Humanos

• Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana de Derechos Humanos)

• Código Civil de 1933 (decreto legislativo 1932), en la parte que quedó vigente al promulgarse el código civil actual.

• Código Civil vigente

Esta agua son la mayor parte de las aguas continentales realmente aprovechables, pues son todas las aguas que caen, están, se sumergen y corren por terrenos privados.


Las aguas estatales (art. 121 Const.) y públicas (art. 127 Const.) se regulan por:

• Constitución de Guatemala

• Ley de Compras y Contrataciones

• Ley de Transformación Agraria

• Código Municipal

• Demás legislación administrativa sobre bienes del Estado.


Estas aguas son la mayoría por volumen: las aguas de los mares (la mayoría de aguas no-continentales), y la minoría de los ríos y lagos continentales (las que caigan, estén o pasen por fincas estatales, municipales y los terrenos no-privados) y otras que tienen implicaciones internacionales. Los ríos, caídas de aguas de aprovechamiento hidroeléctrico y lagos que estén en terrenos estatales o los que formen parte de las fronteras son las aguas estatales o municipales, así como las públicas y municipales. Las aguas públicas son aquellas que no son estatales ni municipales. Las aguas navegables internas estatales son dos: río Dulce y lago de Izabal, y ese aprovechamiento es solo para efecto de la navegación interna. Ninguna otra agua actualmente es navegable en el sentido del derecho internacional, ni la tradición jurídica guatemalteca (no lo son Atitlán, Amatitlán, Petén Itzá, ni ninguna laguna o río). Los ríos fronterizos: Paz, Motagua (última parte), Sarstún, Suchiate y Usumacinta, son bienes del Estado para efectos del derecho internacional, así como las aguas marítimas, pero no debe de dificultarse su aprovechamiento privado; por ejemplo, uso para extraer sal del agua marina o la pesca. Las aguas del lago de Güija, aunque fronterizas, no son estales, pues la constitución no las consideró como tal. En el caso de las caídas, el aprovechamiento afecto para el Estado es el hidroeléctrico, y no otro, y son pocas. Todas las demás son del dominio privado. Las aguas atmosféricas no son separadas de las aguas públicas por la constitución.


Un Código de Aguas para Guatemala

Las aguas de dominio privado sí se pueden vender, gravar, usar y disponer de ellas como mejor disponga el dueño, como cualquier otro bien, sin alterar su curso natural, en los límites que establece la ley. Los derechos de dominio sobre las aguas públicas y las estatales no se pueden vender, gravar, solo aprovechar. Sobre las aguas no-privadas que estén disponibles se concede al solicitante un derecho real de aprovechamiento, los cuales se pueden negociar como cualquier otro derecho. El Estado no concede licencias, porque se pueden revocar política y fácilmente. No se paga nada por conceder los derechos, salvo que haya varios solicitantes, adjudicándose en subasta al mejor postor.

Proponemos permitir que sean los guatemaltecos libremente asociados quienes protejan sus derechos privados, tal y como lo hacen con sus otros bienes:

• Resolviendo en primera instancia sus retos directamente

• Un tercero mediando en caso no hubiera acuerdo

• En última instancia, acudan a tribunales jurisdiccionales o arbitrales para resolver definitivamente sus problemas.


No necesitamos que nos diga la administración pública cómo administrar nuestros recursos, y que además nos cobre por ello, cuando ellos tienen menos información y conocimiento sobre nuestras aguas. No funcionan las autoridades de aguas. Son caras, propensas a corrupción. No funcionaron, no funcionarán ni aunque les den más recursos y contraten más funcionarios y empleados públicos. Tienden a centralizar los beneficios para los burócratas y a regar los costos en toda la población.

Lo que sí funciona y siempre ha funcionado es que los dueños de los recursos protejan sus bienes y los conserven para su propio beneficio y el de la comunidad. Eso se potencia con un régimen de derecho que dé certeza, claridad y herramientas jurídicas para facilitar la protección. Estas herramientas jurídicas son las asociaciones y otras agrupaciones sugeridas por nuestro proyecto para trabajar conjuntamente en defensa de nuestros derechos. Nos podemos asociar para gestionar el recurso, compartiendo riesgos y beneficios, en la medida que cada propietario considere oportuno. Ya existen varios ejemplos donde las comunidades y empresas se organizan para proteger y aprovechar sus aguas. No necesitamos de una o varias autoridades gubernamentales para que nos digan cómo organizarnos, ya lo hacemos solos. Cualquier autoridad solo vendrá a complicarlo todo y dificultará llegar a los arreglos que se puedan alcanzar. Cuando sea muy difícil llegar a un acuerdo, podemos resolver los conflictos ante un ente imparcial.

Proponemos facilitar a que los guatemaltecos nos responsabilicemos por conservar, proteger y aprovechar nuestro recurso hídrico de la manera que nos parezca mejor, cumpliendo con todos los principios generales que aplica para cualquier otro bien y derecho, tales como registro de derechos, responsabilidad por daños y perjuicios, estándares ambientales.

Nadie lógicamente debe ni puede pagar por algo que es suyo, de lo contrario habría enriquecimiento ilícito de quien lo exige o acepta. Quien ha pagado, si su derecho no ha prescrito, puede pedir que le devuelva el dinero pagado sin causa. Tampoco hay que pagar impuestos sobre las aguas, en el IUSI ya está incorporado.

Conozcamos, valoricemos y protejamos los derechos de todos los guatemaltecos. Usemos la sabiduría y el ingenio local para resolver los retos del aprovechamiento racional de nuestras aguas. Creemos nuevas oportunidades para que haya más agua distribuible y que llegue fácil y consistente a más personas. Esto potenciará el desarrollo de los pueblos y reducirá radicalmente la mortalidad y la pobreza de nuestros conciudadanos.



Red de amigos de la naturaleza (Rana)